Los profesores que formamos Integración procedemos de distintas carreras y tenemos extracción política diversa pero nos une un código de valores que siempre hemos tratado de honrar y un modelo común de Universidad. A lo largo de más de 20 años hemos tenido una activa participación en los órganos de gobierno defendiendo en forma inclaudicable nuestros principios. Hemos rehusado siempre las actitudes complacientes y condescendientes con el poder de turno.
Nos caracteriza el compromiso con una universidad abierta, pública y gratuita, consustanciada realmente con los principios de la Reforma Universitaria, defensora, por lo tanto, del cogobierno, de la participación estudiantil, del ingreso irrestricto, de la igualdad de oportunidades, del respeto absoluto a la independencia de los claustros.
Creemos en los jóvenes como fuerza renovadora pero en una juventud rebelde, contestataria, llena de ideales por los cuales luchar. En ellos está la esperanza de renovación, de cambio, de creatividad.
En el siglo de la globalización, es importante que definamos y conservemos nuestra identidad, que reemplacemos la competitividad, la eficiencia y la productividad individual, términos muy caros al neoliberalismo, por la colaboración, el trabajo solidario, el desarrollo colectivo con calidad. Hoy, los docentes-investigadores literalmente vivimos corriendo para completar las planillas de productividad que nos darán una mejor categoría y nos premiarán con incentivos pagados en negro. El sistema es altamente competitivo: se compite por más categoría, más incentivos, mayores subsidios. Debemos recuperar el tiempo de diálogo y de creación intelectual que hoy nos quita la burocracia que genera el sistema de evaluación en que estamos entrampados (la Universidad-empresa).
Tenemos la convicción de que la ciencia y la cultura, en sus más diversas manifestaciones no son bienes suntuarios sino factores esenciales para el desarrollo integral de los pueblos.
La Universidad debe poder pronunciarse con toda independencia y plena responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales (incluyendo ambientales) que plantee la sociedad.
En la convicción de que la educación pública es un derecho constitucional y es responsabilidad del estado asegurarla consideramos imprescindible gestionar en forma activa y decidida un aumento presupuestario real y liderar la recuperación y la defensa de la dignidad salarial de docentes y no docentes.
